Hemos querido traer hasta vosotr@s el texto íntegro de las dos mociones presentadas por el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento que fueron aprobadas por el mismo.
MOCIÓN POR LA DEFENSA DEL FERROCARRIL TRADICIONAL
Al año 1995 hay que remontarse para encontrar el estudio financiado por la Diputación de Cuenca, que definía perfectamente las medidas a adoptar para conseguir que la línea férrea de Cuenca, y que pasa por nuestra ciudad, jugara un papel importante en el transporte de mercancías y para determinados segmentos del tráfico de viajeros en el triángulo Madrid, Valencia, Barcelona.
La inversión necesaria era entonces de unos 35 mil millones de pesetas, cantidad que como consecuencia de la presión realizada por diferentes colectivos y organizaciones, entre las que estaba Izquierda Unida de Cuenca, quedó reflejada en los Presupuestos Generales del Estado del año 2.000, en los que existía una partida de 18.450 millones de pesetas en la parte correspondiente a Castilla la Mancha y de 16.400 millones en la parte correspondiente a la Comunidad Valenciana.
El Acuerdo de Murcia, de enero de 2001, firmado entre Fomento, Castilla la Mancha, Murcia, Valencia y Madrid, en su punto número 4 se comprometía a la “priorización de las líneas de tren convencional”. En el protocolo firmado entre la Junta de Comunidades y el Ministerio, en octubre de 2005 se decía que se “impulsa el mantenimiento y la mejora progresiva del ferrocarril convencional en la región”. Es decir, lo mismo pero con diferentes palabras y que hasta la fecha no se ha cumplido como se comprueba con la desaparición de partidas presupuestarias concretas para este tipo de actuaciones. Pero además desapareció, en este protocolo, cualquier referencia a paradas intermedias en Tarancón o Motilla del Palancar, en la línea de Alta Velocidad, Madrid-Cuenca-Albacete, que tan a bombo y platillo se prometieron.
Ante las puertas de una nueva campaña electoral, seguimos viendo como la situación del transporte ferroviario en nuestra provincia sigue agonizando sin que por parte de los dos grandes partidos, PP y PSOE, ni por parte de las distintas administraciones, tanto regional como estatal, se plasme ningún compromiso real, en la parte política y en la parte presupuestaria, que pueda dejar ver un futuro menos negro del que todos intuimos.
Sí encontramos últimamente los planteamientos que vienen desde Valencia, primero la Cámara de Comercio y ahora el gobierno regional, donde con más o menos apoyo técnico y análisis de la realidad, hacen propuestas que aparentemente podrían mejorar el servicio de transporte ferroviario entre el levante peninsular y Madrid.
Desde hace años, Izquierda Unida de Cuenca ha defendido la modernización del ferrocarril convencional, mediante el uso de distintas soluciones tecnológicas sostenibles y de grandes prestaciones en velocidad, que no tienen que ser repercutidas en el precio de los billetes.
Por tanto, nosotros que hemos trabajado por la mejora de las infraestructuras de Cuenca para que puedan ser útiles en la articulación y vertebración de la provincia y la región, acogemos favorablemente los proyectos, estudios e informes provenientes de instituciones, entidades empresariales, así como organizaciones sindicales, que vienen a plantear propuestas que no solo mejorarían la línea ferroviaria a su paso por nuestra provincia, sino que garantizarían su viabilidad, no sólo para potenciar el desarrollo industrial de nuestra localidad, sino para hacer más accesible y de mayor calidad el servicio de transporte de viajeros, para lo cual sólo se precisaría una pequeña inversión en la línea convencional, si la comparamos con las partidas presupuestarias que ocupan la puesta en marcha del AVE.
Lo que venimos a solicitar con esta moción es que el Ayuntamiento de Tarancón apruebe los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Considerar urgente la redacción de un Estudio Informativo de la integración del corredor ferroviario en el núcleo urbano de Tarancón, que resuelva técnica y funcionalmente los problemas que se pueden plantear, y se tenga en cuenta las actuaciones de planeamiento, proyectos constructivos y obras que se deban realizar, sin descartar el soterramiento de las líneas en su trazado actual.
En el estudio se debe garantizar el futuro y la viabilidad de la actual línea de ferrocarril convencional para el tráfico de mercancías, como impulso del desarrollo industrial de nuestra localidad, y para el tráfico de viajeros, tanto en las relaciones internas de la provincia de Cuenca como en las relaciones con las provincias limítrofes por las que transcurre la línea. Además, en el marco de este estudio informativo, deberá definirse igualmente el destino y la gestión de los actuales terrenos ferroviarios.
SEGUNDO: Instar al Ministerio de Fomento a que redacte dicho Estudio Informativo, con la participación y colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Ayuntamiento de Tarancón, y de los tres grupos políticos en él representados, en aquellas gestiones que sean necesarias desarrollar
con el Ministerio y con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), siendo dichas gestiones encaminadas al acompañamiento del desarrollo bimodal que es necesario para el funcionamiento óptimo del polígono Senda de los Pastores. Asimismo se adquiera el compromiso de fomentar la participación del conjunto de ciudadanos de Tarancón.
TERCERO.- Instar al gobierno de España y al Regional que aclaren e informen de los aspectos que se relacionan con una supuesta parada del AVE en Tarancón, y cuales son las inversiones previstas para la mejora y modernización de la línea convencional.
CUARTO.- Que se demande a los partidos políticos que no utilicen el asunto de las infraestructuras ferroviarias como arma arrojadiza en esta precampaña y campaña electoral que está a punto de empezar.
Al año 1995 hay que remontarse para encontrar el estudio financiado por la Diputación de Cuenca, que definía perfectamente las medidas a adoptar para conseguir que la línea férrea de Cuenca, y que pasa por nuestra ciudad, jugara un papel importante en el transporte de mercancías y para determinados segmentos del tráfico de viajeros en el triángulo Madrid, Valencia, Barcelona.
La inversión necesaria era entonces de unos 35 mil millones de pesetas, cantidad que como consecuencia de la presión realizada por diferentes colectivos y organizaciones, entre las que estaba Izquierda Unida de Cuenca, quedó reflejada en los Presupuestos Generales del Estado del año 2.000, en los que existía una partida de 18.450 millones de pesetas en la parte correspondiente a Castilla la Mancha y de 16.400 millones en la parte correspondiente a la Comunidad Valenciana.
El Acuerdo de Murcia, de enero de 2001, firmado entre Fomento, Castilla la Mancha, Murcia, Valencia y Madrid, en su punto número 4 se comprometía a la “priorización de las líneas de tren convencional”. En el protocolo firmado entre la Junta de Comunidades y el Ministerio, en octubre de 2005 se decía que se “impulsa el mantenimiento y la mejora progresiva del ferrocarril convencional en la región”. Es decir, lo mismo pero con diferentes palabras y que hasta la fecha no se ha cumplido como se comprueba con la desaparición de partidas presupuestarias concretas para este tipo de actuaciones. Pero además desapareció, en este protocolo, cualquier referencia a paradas intermedias en Tarancón o Motilla del Palancar, en la línea de Alta Velocidad, Madrid-Cuenca-Albacete, que tan a bombo y platillo se prometieron.
Ante las puertas de una nueva campaña electoral, seguimos viendo como la situación del transporte ferroviario en nuestra provincia sigue agonizando sin que por parte de los dos grandes partidos, PP y PSOE, ni por parte de las distintas administraciones, tanto regional como estatal, se plasme ningún compromiso real, en la parte política y en la parte presupuestaria, que pueda dejar ver un futuro menos negro del que todos intuimos.
Sí encontramos últimamente los planteamientos que vienen desde Valencia, primero la Cámara de Comercio y ahora el gobierno regional, donde con más o menos apoyo técnico y análisis de la realidad, hacen propuestas que aparentemente podrían mejorar el servicio de transporte ferroviario entre el levante peninsular y Madrid.
Desde hace años, Izquierda Unida de Cuenca ha defendido la modernización del ferrocarril convencional, mediante el uso de distintas soluciones tecnológicas sostenibles y de grandes prestaciones en velocidad, que no tienen que ser repercutidas en el precio de los billetes.
Por tanto, nosotros que hemos trabajado por la mejora de las infraestructuras de Cuenca para que puedan ser útiles en la articulación y vertebración de la provincia y la región, acogemos favorablemente los proyectos, estudios e informes provenientes de instituciones, entidades empresariales, así como organizaciones sindicales, que vienen a plantear propuestas que no solo mejorarían la línea ferroviaria a su paso por nuestra provincia, sino que garantizarían su viabilidad, no sólo para potenciar el desarrollo industrial de nuestra localidad, sino para hacer más accesible y de mayor calidad el servicio de transporte de viajeros, para lo cual sólo se precisaría una pequeña inversión en la línea convencional, si la comparamos con las partidas presupuestarias que ocupan la puesta en marcha del AVE.
Lo que venimos a solicitar con esta moción es que el Ayuntamiento de Tarancón apruebe los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Considerar urgente la redacción de un Estudio Informativo de la integración del corredor ferroviario en el núcleo urbano de Tarancón, que resuelva técnica y funcionalmente los problemas que se pueden plantear, y se tenga en cuenta las actuaciones de planeamiento, proyectos constructivos y obras que se deban realizar, sin descartar el soterramiento de las líneas en su trazado actual.
En el estudio se debe garantizar el futuro y la viabilidad de la actual línea de ferrocarril convencional para el tráfico de mercancías, como impulso del desarrollo industrial de nuestra localidad, y para el tráfico de viajeros, tanto en las relaciones internas de la provincia de Cuenca como en las relaciones con las provincias limítrofes por las que transcurre la línea. Además, en el marco de este estudio informativo, deberá definirse igualmente el destino y la gestión de los actuales terrenos ferroviarios.
SEGUNDO: Instar al Ministerio de Fomento a que redacte dicho Estudio Informativo, con la participación y colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Ayuntamiento de Tarancón, y de los tres grupos políticos en él representados, en aquellas gestiones que sean necesarias desarrollar
con el Ministerio y con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), siendo dichas gestiones encaminadas al acompañamiento del desarrollo bimodal que es necesario para el funcionamiento óptimo del polígono Senda de los Pastores. Asimismo se adquiera el compromiso de fomentar la participación del conjunto de ciudadanos de Tarancón.
TERCERO.- Instar al gobierno de España y al Regional que aclaren e informen de los aspectos que se relacionan con una supuesta parada del AVE en Tarancón, y cuales son las inversiones previstas para la mejora y modernización de la línea convencional.
CUARTO.- Que se demande a los partidos políticos que no utilicen el asunto de las infraestructuras ferroviarias como arma arrojadiza en esta precampaña y campaña electoral que está a punto de empezar.
POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES.
Desde la entrada en vigor de ley 9/1985 sobre despenalización de determinados supuestos del embarazo se ha puesto de manifiesto las limitaciones y restricciones de esta legislación debido principalmente a: la consideración de delito que el aborto tiene todavía hoy en España, la privatización de esta prestación en el 97% de los casos, la ambigüedad a la que se somete a los profesionales sanitarios y la heterogeneidad existente a nivel autonómico en el acceso a esta prestación. En Castilla-La Mancha no existe ningún centro sanitario público que incluya entre sus prestaciones la interrupción voluntariamente del embarazo (IVE), sólo una clínica tiene concierto con el SESCAM y son escasas las clínicas privadas autorizadas. En Cuenca no hay ninguna. Pero además la píldora postcoital no es accesible para los jóvenes, ni es gratuita, ni hay una red de centros que garantice la información continua, ni existe una adecuada educación en materia de sexualidad y anticoncepción.
El derecho a decidir sobre el propio cuerpo y sobre su maternidad ha de ser de las mujeres, sea cual sea la causa que motive su decisión, y no puede estar penado ni directa ni indirectamente ni tampoco ser sometido a tutela. Una sociedad que avanza o debería de avanzar hacia la igualdad y hacia el respeto a la mujer debería empezar por garantizar la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo en la red pública e impedir que el recurso a la objeción de conciencia de los profesionales no vulnerara derechos ciudadanos.
Los países de nuestro entorno europeo, a excepción de Irlanda, disponen ya de una ley de plazos plenamente respetuosa con la libertad de la mujer a la hora de decidir sobre su propia maternidad, sin necesidad de apelar a alguna indicación, ni tutela. La ONU suscribió las conclusiones de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekín en el año 1995 y más tarde la de El Cairo y recomendó revisar cualquier legislación punitiva del aborto, pero el Gobierno Español sigue sin hacer cambios. También el Parlamento Europeo y la OMS recomiendan que para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres el aborto sea legal, seguro y accesible para todas las mujeres.
A la ambigüedad de nuestra legislación hay que sumar que existen una serie de cuestiones que agravan una situación ya de por sí complicada como son la insuficiencia en los programas de prevención, un 63% de las jóvenes menores de 24 años que han abortado no había ido a ningún centro de planificación familiar, la ausencia de una correcta educación sexual entre nuestra juventud y la falta de información y financiación de los métodos anticonceptivos, aspectos que tienen una incidencia directa en el incremento de embarazos no deseados.
Por todo ello, ante los últimos hechos acaecidos de ataques injustificados a las clínicas abortivas y sus trabajadores y trabajadoras en la Comunidad de Madrid por parte de asociaciones ultracatólicas y conservadoras, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Tarancón, presenta para su aprobación en el Pleno, los siguientes ACUERDOS:
“El Ayuntamiento de Tarancón insta al Gobierno de España a que se inicie un diálogo entre las fuerzas políticas y sociales para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que aborde entre otros aspectos los siguientes:
- El derecho de la mujer a decidir sobre su propia maternidad con las debidas garantías legales, sociales y sanitarias, procediendo para ello a las oportunas reformas del Código Penal que nos permitan evolucionar hacia un sistema de plazos.
Desde la entrada en vigor de ley 9/1985 sobre despenalización de determinados supuestos del embarazo se ha puesto de manifiesto las limitaciones y restricciones de esta legislación debido principalmente a: la consideración de delito que el aborto tiene todavía hoy en España, la privatización de esta prestación en el 97% de los casos, la ambigüedad a la que se somete a los profesionales sanitarios y la heterogeneidad existente a nivel autonómico en el acceso a esta prestación. En Castilla-La Mancha no existe ningún centro sanitario público que incluya entre sus prestaciones la interrupción voluntariamente del embarazo (IVE), sólo una clínica tiene concierto con el SESCAM y son escasas las clínicas privadas autorizadas. En Cuenca no hay ninguna. Pero además la píldora postcoital no es accesible para los jóvenes, ni es gratuita, ni hay una red de centros que garantice la información continua, ni existe una adecuada educación en materia de sexualidad y anticoncepción.
El derecho a decidir sobre el propio cuerpo y sobre su maternidad ha de ser de las mujeres, sea cual sea la causa que motive su decisión, y no puede estar penado ni directa ni indirectamente ni tampoco ser sometido a tutela. Una sociedad que avanza o debería de avanzar hacia la igualdad y hacia el respeto a la mujer debería empezar por garantizar la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo en la red pública e impedir que el recurso a la objeción de conciencia de los profesionales no vulnerara derechos ciudadanos.
Los países de nuestro entorno europeo, a excepción de Irlanda, disponen ya de una ley de plazos plenamente respetuosa con la libertad de la mujer a la hora de decidir sobre su propia maternidad, sin necesidad de apelar a alguna indicación, ni tutela. La ONU suscribió las conclusiones de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekín en el año 1995 y más tarde la de El Cairo y recomendó revisar cualquier legislación punitiva del aborto, pero el Gobierno Español sigue sin hacer cambios. También el Parlamento Europeo y la OMS recomiendan que para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres el aborto sea legal, seguro y accesible para todas las mujeres.
A la ambigüedad de nuestra legislación hay que sumar que existen una serie de cuestiones que agravan una situación ya de por sí complicada como son la insuficiencia en los programas de prevención, un 63% de las jóvenes menores de 24 años que han abortado no había ido a ningún centro de planificación familiar, la ausencia de una correcta educación sexual entre nuestra juventud y la falta de información y financiación de los métodos anticonceptivos, aspectos que tienen una incidencia directa en el incremento de embarazos no deseados.
Por todo ello, ante los últimos hechos acaecidos de ataques injustificados a las clínicas abortivas y sus trabajadores y trabajadoras en la Comunidad de Madrid por parte de asociaciones ultracatólicas y conservadoras, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Tarancón, presenta para su aprobación en el Pleno, los siguientes ACUERDOS:
“El Ayuntamiento de Tarancón insta al Gobierno de España a que se inicie un diálogo entre las fuerzas políticas y sociales para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que aborde entre otros aspectos los siguientes:
- El derecho de la mujer a decidir sobre su propia maternidad con las debidas garantías legales, sociales y sanitarias, procediendo para ello a las oportunas reformas del Código Penal que nos permitan evolucionar hacia un sistema de plazos.
- La generalización de la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red sanitaria pública.
- La regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
- La mejora del sistema de información, financiación y acceso de los anticonceptivos.
- La introducción en el currículo escolar de contenidos relacionados con la educación afectivo-sexual.
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