IU-ICV saca adelante en el Congreso una importante moción para incentivar la lucha contra la siniestralidad laboral

(Madrid, 3 de Octubre 2007).

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó en la noche de ayer la moción presentada por IU-ICV, defendida por su diputada por Madrid, Montserrat Muñoz, por la que se insta al Gobierno a adoptar antes de abril de 2008 una batería de medidas para combatir la siniestralidad que afectan a los ámbitos judiciales, de inspección de trabajo y empresarial. En su defensa de la iniciativa, que fue enmendada por el Grupo Socialista y en la que se rechazaron las propuestas de PP y ERC, Muñoz recordó que la tasa de siniestralidad española es el 20% del total de la media de la UE de los Quince. La diputada de IU consideró imprescindible una "política más agresiva, con medidas integrales, con urgencia, en el ámbito judicial, de la inspección, las mutuas y los agentes sociales". La semana pasada, en la interpelación urgente que IU-ICV dirigió al ministro de Trabajo y que dio como resultado la moción ahora aprobada, Jesús Caldera reconoció que las cifras de siniestralidad laboral son "una sangría radicalmente inaceptable".El texto aprobado finalmente insta al Gobierno a impulsar el cumplimiento del protocolo marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio del Interior, para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores Asimismo, el Ejecutivo debe promover una reforma del Código Penal que incorpore la tipificación como delito, del "incumplimiento flagrante, sistemático y peligroso de la ley de prevención de riesgos laborales".La moción de IU-ICV insistía también en que se amplíen los recursos destinados a la Inspección de Trabajo, así como la oferta de plazas de empleo público para inspectores, hasta alcanzar en el año 2012 la proporción de uno por cada 7.000 trabajadores, mucho más cerca de la media europea.Asimismo, se buscaba la limitación del acceso a subvenciones públicas y a la participación de actividades empresariales concertadas con las distintas administraciones de aquellas empresas que incumplan de forma reiterada la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales, creando para esta finalidad una base pública de datos de empresas infractoras.